La consejera insular, Margarita Pena, y la coordinadora general de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, Rosa Baena, se han reunido con el presidente y el portavoz de la Asociación de Jueces de Paz, José Alexander Socas y Jorge Vargas, para mostrar su apoyo a la continuidad de este servicio, que se enfrenta a su posible desaparición tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Durante el encuentro, Pena y Baena destacaron el acuerdo institucional que aprobó el Pleno del Cabildo de Tenerife el pasado 28 de junio en el que se solicita al Gobierno de Canarias a que defienda ante el Ministerio de Justicia que la modificación de la planta judicial mantenga las actuales competencias de los Juzgados de Paz.
Este acuerdo también prevé instar al Ministerio de Justicia a que garantice la cercanía que ahora representan los Juzgados de Paz, en Canarias en general, y en Tenerife en particular, donde ascienden a 23, que se han revelado como "eficaces y próximos a la ciudadanía" gracias también a su gratuidad.
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